Llegado el nuevo gobierno, los empresarios del país mantienen algunas preocupaciones sobre el manejo en materia fiscal. Tres son sus grandes desvelos: la salud de las finanzas públicas, la creciente complejidad administrativa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la competitividad del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es una de las más altas del mundo y les resta potencial a nivel global. En particular, la disminución de la tasa del ISR se ve con pocas posibilidades entre los hombres de negocios, porque impactaría en la solvencia financiera de la administración pública, dice Ricardo González Orta, líder de impuestos y servicios legales de la firma de servicios profesionales Deloitte.
Para el sector privado es de suma importancia e indispensable que las autoridades económicas del país no sigan aumentando la deuda pública, la cual dejó en niveles complicados el gobierno saliente; y que no incremente el déficit fiscal en aras de atender todos sus programas sociales.
Lo deseable es tener una política fiscal que mantenga estabilidad en las finanzas públicas y mande mensajes positivos a los mercados financieros, dice.
Entre los puntos más inquietantes de los empresarios es la permanencia de un sistema fiscal complejo, ya que a pesar de que el gobierno anterior prometió que no habría reformas fiscales –y ello se cumplió en la parte legislativa–, en la realidad el Sistema de Administración Tributaria (SAT) emitió diversas misceláneas fiscales y circulares administrativas que implicaron, en el día a día, mayores obligaciones para los contribuyentes, implicando (en el caso de las empresas) la distracción de recursos para atender los recurrentes cambios en las disposiciones fiscales. Por otro lado, la falta de competitividad de la tasa de ISR a nivel global es otro de los grandes pesares de los dueños de empresas, pues México tiene la tercer tasa más alta a nivel global, después de Bélgica y Francia, siendo entonces una gran desventaja en el ámbito internacional, dice González Orta.
México tiene uno de los ISR más altos del mundo, y es otro de los grandes pesares de los dueños de las empresas.
Pagar uno de los ISR más altos del planeta se torna todavía más tortuoso cuando el principal socio comercial e inversionista extranjero de México (Estados Unidos) redujo este año el ISR de las empresas del 35% al 21%. En este sentido, el especialista ve deseable bajar el ISR, pero lo considera difícil, al repercutir en la estabilidad de la política fiscal.
INCERTIDUMBRE
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado -hasta ahora- que no habrá incrementos de impuestos, y sí algunas iniciativas de reformas, como la disminución en la frontera de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% y el ISR al 20% para fomentar la mayor competitividad de esta región del país con los estados colindantes con Estados Unidos, pero salta la duda de si la reducción del ISR al 20% no sería mejor hacerla general en toda la república mexicana, ya que las industrias se localizan en todo el territorio, no solo en las entidades del norte y, por tanto, no sería equitativo que solo bajara en una zona del país; sin embargo, el inconveniente, nuevamente, sería crear una merma recaudatoria que podría dañar las finanzas públicas.
IMPUESTOS INDIRECTOS
Una salida factible sería que el gobierno se moviera a los impuestos indirectos, pero aquí necesitaría mucha claridad para saber cómo regresar inmediatamente esos ingresos a los que menos tienen, opina el especialista de Deloitte.
Yo soy partidario de tener un IVA más alto e impuestos indirectos más altos, un ISR más bajo, pero siempre y cuando exista un mecanismo compensatorio inmediato a las clases bajas, dado que si no lo hacemos serían las más perjudicadas, subraya.
Disminuir el cobro del ISR se ve poco probable porque, de por sí, México recauda impuestos equivalentes al 16.2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el promedio de las naciones que pertenecen a la OCDE es del 34% del PIB.
Estamos en un círculo vicioso de donde no podemos salir mientras no ataquemos frontalmente a las empresas factureras o fantasma y a la economía informal, indica González Orta.
CONFIANZA CIUDADANA
Una de las iniciativas que se ve con grandes posibilidades de aprobarse por la nueva administración en materia de política fiscal es la creación de la “Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana”, que busca la inscripción voluntaria de los contribuyentes a un padrón, a cambio de recibir beneficios administrativos.
Bajo este esquema, solo el 1% de la lista estaría sujeto a fiscalización o visitas de supervisión. Para González Orta, esta reforma tendría como punto bueno la eliminación de la corrupción en el ámbito fiscal y regulatorio; sin embargo, la parte negativa sería que el cumplimiento de las obligaciones fiscales tiene una correlación directa con la percepción de “riesgo”. Entonces, si los contribuyentes intuyeran que no serán objetos de fiscalización o que la posibilidad de ser auditados es baja, podría favorecer la omisión de entregar cuentas al fisco y con ello disminuir los ingresos públicos del nuevo gobierno.
Estabilidad fiscal No hay plazo que no se cumpla, y los empresarios quisieran que el nuevo gobierno le apostara a la estabilidad fiscal. Prevén que la tasa actual del ISR se mantendrá y que el IVA no tendrá muchas modificaciones, excepto en la frontera donde podría reducirse un 50%, mientras las reformas para gravar herencias, donativos y el comercio electrónico se ven más difíciles de aprobar.
Los hombres de negocios del país se suman a los cambios que quiere hacer la administración federal, como el combate a la corrupción y la reducción de la inseguridad, y están dispuestos a invertir y seguir adelante con el país, comenta Ricardo González.
Durante los siguientes meses, los actores económicos estarán a la expectativa de ver las decisiones que tome el nuevo gobierno con respecto a la aplicación del estado de derecho y el respeto a la iniciativa privada para tomar decisiones en cuanto a futuras inversiones.
Según el experto de Deloitte, entre los empresarios hay un ambiente de buena disposición a cooperar con el nuevo gobierno, pues quieren lo mejor para México, pero serán cautelosos hasta identificar las tendencias gubernamentales para tomar decisiones hacia adelante.